sábado, 22 de junio de 2013

Las casas en venta o alquiler tendrán que tener etiqueta energética desde el 1 de junio

Las casas en venta o alquiler tendrán que tener etiqueta energética desde el 1 de junio


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Nuevo trámite y nuevo gasto para los propietarios de viviendas en venta o alquiler. A unas compraventas más que deprimidas, que bajaron en el primer trimestre del año un 21,5%, según los últimos datos del Ministerio de Fomento,  se suma ahora la obligación legal de contar con un certificado de eficiencia energética. Una exigencia que desconocen muchos dueños y sobre todo, compradores. El documento será exigible a partir del 1 de junio y deberá  indicar el nivel de calificación de energética de la vivienda. El comprador o arrendatario tendrá derecho a exigir una copia de este certificado.
La escala de eficiencia energética que se aplica es similar a la de los electrodomésticos. La etiqueta va desde la A (la más eficiente) a la G (la menos eficiente). Esta nueva obligación impuesta por el Gobierno para las transacciones inmobiliarias viene impuesta por el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, que a su vez traspone una directiva europea de 2002. La premura en la aplicación supone que los dueños que quieran vender a partir de junio solo habrán tenido dos meses para cumplir la exigencia.
No habrá que hacer reformas
Se trata de un documento declarativo. Aunque se harán una serie de recomendaciones, éstas  podrán o no tenerse en cuenta. Es decir, si el resultado del informe es desfavorable no exigirá al dueño hacer reformas porque la casa esté mal aislada, por ejemplo.
Sanciones de hasta 6.000 euros
Para los propietarios que incumplan la obligación de contar con el certificado cometerán infracciones que pueden ser desde leves a muy graves. Los incumplimientos pueden ser sancionados con cantidades que oscilan desde los 300 euros hasta los 6.000 euros una falta leve, por ejemplo, será intentar vender o alquilar un piso sin hacer mención a su calificación. De momento, se entiende que serán los propios compradores o arrendatarios de una vivienda los que avisarán a la administración de estos incumplimientos.
Las administraciones públicas, a dar ejemplo
Las administraciones públicas también tendrán que dar ejemplo. En este caso están obligadas a contar con el certificado todos los edificios de más de 250 metros cuadrados que estén abiertos al público. Deberán exhibir la etiqueta energética en un lugar bien visible. En Extremadura afectaría a decenas de edificios administrativos, sanitarios, deportivos y de otra naturaleza propiedad de la Junta, diputaciones y ayuntamientos.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es el encargado de facilitar a los técnicos habilitados para expedir los certificados los cursos de formación necesarios así como las herramientas informáticas. Una oportunidad laboral que ha despertado un gran interés entre los arquitectos e ingenieros, muy tocados por el desplome de la construcción. Son solo ellos los especialistas que pueden elaborar y firmar los certificados, que luego habrá que inscribir en el Registro de Eficiencia Energética de la Junta.
Desde el sector inmobiliario aseguran que muchos propietarios no tienen ni idea de esta obligación. Mariano García, presidente de la Asociación de Empresarios de Intermediación Inmobiliaria de Extremadura, explica que, una vez informados, la mayoría de propietarios decide esperar a que llegue la venta para cumplir con el trámite.  “Creemos que tal como está planteado el Real Decreto es bastante desastroso. No entendemos por qué solo se pide a las viviendas que se venden y se alquilan”.
Las inmobiliarias tampoco ven bien que la administración pública puede utilizar a sus propios técnicos para certificar sus edificios y los ciudadanos no. “Hay gente que está con el agua al cuello, algunos llevan un año sin poder pagar la hipoteca, y ahora les exigen este pago”. “Como colectivo de intermediarios inmobiliarios estamos de acuerdo en que hay que utilizar la energía de la manera más eficiente, en que hay que ir mentalizándose. Lo tremendo es que se aplique ahora, diez años después de la directiva comunitaria. Y que entre en vigor en tan poco tiempo. Entiendo que el día de mañana los compradores de casa se fijen en esto, pero ahora mismo es lo último que me pregunta la gente”, añade García.

75 euros de media por certificadomás una tasa de la Junta de 22 euros
En Extremadura se cobran unos 75 euros de media por certificado, según fuentes del sector inmobilidario, según las cuales actualmente existe una guerra de precios entre los profesionales acreditados. En otras regiones se llegan a cobrar hasta 250 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados. A este dinero habría que sumar la tasa de 22 euros  de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía  por la inscripción del certificado, la misma que ya se aplica a la certificación energética de nuevas construcciones. La Junta se apresura estos días en adaptar sus modelos de solicitud de inscripción al Real Decreto.
Más trabajo para arquitectos, aparejadores e ingenieros
Por el contrario, en el Colegio de Arquitectos de Extremadura dan la bienvenida a la nueva norma. “Hay que valorarla positivamente porque es fundamental que se valore el estado del parque inmobiliario”. Desde el punto de vista de los profesionales, Daniel Monfort, tesorero de la organización colegial, asegura que los “arquitectos son los profesionales mejor cualificados para la certificación, puesto que es el campo en el que ellos se mueven”. Y añade que, con  independencia de quién pueda hacer la certificación, “el arquitecto puede hacer una muy completa, ya que tiene capacidad de valorar los materiales de construcción, cómo se ha ejecutado la envolvente, etc.”.
Más importante que la oportunidad laboral para muchos profesionales, en el Colegio de Arquitectos valoran  la importancia de cara al mantenimiento de los edificios. “Así como la información útil que aporta a los propietarios y documentación de cuáles son las medidas más efectivas para conseguir un ahorro en la energía, y hacer las viviendas más atractivas de cara a la venta”.
En el Colegio de Arquitectos no dan precios medios de los certificados, se amparan en la libertad de cada profesional para valorar su trabajo. “Depende del tipo de vivienda: de si un unifamiliar, bloque y de aspectos como el sistema constructivo”, concluye Monfort.

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