Un juez de Lanzarote abre la vía para anular miles de hipotecas en toda España

Un juez ha declarado nulo el préstamo de hipotecario concedido a un vecino de Lanzarote que estaba a punto de ser desahuciado, al considerar que los intereses de demora que se le cobraban eran “abusivos” y que el afán de enriquecimiento de los bancos está en el origen de esta crisis

En un auto hecho público hoy, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife declara “abusivos y usurarios” los intereses de demora del 19 % que el BBVA cobraba a este cliente por retrasarse en los pagos y denuncia que este tipo de prácticas bancarias constituye “un abuso inmoral que, desde luego, no puede ser consentido ni amparado por los Tribunales de Justicia”.
El juez culpa incluso a los bancos de haber contribuido “decisivamente” a la “crisis económica y recesión que vive este país y el mundo entero” a través de “su desmedido afán de aumentar su negocio y sus beneficios”, por lo que concluye que, “en los tiempos que vivimos, no tiene ninguna justificación, salvo el afán de enriquecimiento de las entidades financieras, el establecimiento de intereses moratorios superiores, ni siquiera en un punto, a los intereses normales”.

El Gobierno reforma la ley para que los políticos puedan seguir robando y ser impunes.

Un cambio en el Código Penal aprobado en diciembre permite a los defraudadores eludir la prisión con el pago de la cantidad adeudada a Hacienda y una multa siempre inferior a esa cantidad

El pago puede realizarse en un plazo hasta dos meses tras la imputación del defraudador con un amplio margen desde el descubrimiento del delito

El Gobierno ha puesto fácil a los grandes defraudadores no pisar la cárcel.

Un cambio en el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal aprobado en diciembre y en vigor desde mediados de enero reduce notablemente las penas de prisión a cambio del pago de la cantidad adeudada y una multa que en ningún caso superará la cuantía de la deuda.

Defraudar más de 120.000 euros a Hacienda o la Seguridad Social es delito en nuestro país. Si el fraude es descubierto, la pena que debe aplicarse, según el artículo305.1 del Código Penal es de 1 a 5 años de prisión y una multa que puede alcanzar 6 veces la cantidad defraudada.

La modificación aprobada a finales del año pasado permite a los defraudadores, incluidos los de mayor rango, reducir la pena de prisión a menos de un año, de forma queno sea necesario pisar la cárcel, tras pagar su deuda tributaria más una multa que no supere la cantidad adeudada en un plazo de dos meses.

El recientemente aprobado artículo 305.6 del Código Penal, publicado en el BOE el pasado 28 de diciembre, es el que concreta todas estas ventajas, sin comparación con otros delitos similares. El texto señala que el pago de la cantidad adeudada y la multa correspondiente deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado, algo que sucede tiempo después de que se haya iniciado el proceso penal.

Cuando se cumpla ese plazo, la multa que deberá sumarse a la devolución de lo defraudado no superará en ningún caso esa misma cantidad. De hecho, podrá ser la mitad o incluso una cuarta parte. A cambio del pago, la pena de prisión quedará siempre por debajo de un año y podría incluso llegar a los tres meses. Sin antecedentes, la ejecución de la pena quedará suspendida y el defraudador eludirá la cárcel.

Jacobo Dopico Gómez Aller, Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, denuncia en un artículo en Zona Crítica que este cambio legislativo destruye “cualquier posibilidad de que el derecho penal tributario llegue a tener en España una mínima capacidad intimidatoria” y considera que sus consecuencias se sufrirán durante años. Según Gómez Aller, la modificación “introduce unos incentivos extraordinarios para que se cometan nuevos fraudes tributarios”. 

Intenta suicidarse en Vigo por no cobrar las preferentes

La mujer se presentó en la Oficina del Consumidor para reclamar 90.000 euros en este producto y se tomó varias pastillas

Servicios de emergencias del 061 han trasladado este mediodía a una mujer de la tercera edad que había amenazado con suicidarse tomándose una caja de tranquilizantes. Los hechos se produjeron en la Oficina de Consumo de las instalaciones de la Xunta de Galicia en Vigo. La mujer se había tomado ya cuatro pastillas antes de que varios testigos avisaran al servicio de emergencias.

La mujer explicó que el banco le estafó 60.000 euros de los ahorros de toda una vida vendiéndole participaciones preferentes. A ellos se unen otros 30.000 euros que perdió su hijo también en este producto financiero. Esta situación la ha abocado a pedir un crédito para poder comprar una vivienda.

La afectada llegó a mostrar una caja de pastillas de Tranquimazín y aseguró mientras esperaba que estaba dispuesta a tomárselas todas porque no merecía la pena vivir tras perder todos sus ahorros en preferentes.

Técnicos sanitarios le hicieron una exploración y posteriormente la evacuaron a un centro de salud.

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